Selección de 8 artículos sobre bosques y biodiversidad. Aunque han sido publicados en el pasado, los temas permanecen vigentes. Los artículos han sido actualizados para una mejor comprensión.
Guatemala, 18 de abril de 2023.
Deforestación y degradación (1)
Julio 3, 2014.
En su columna del lunes 30 de junio de 2014 en el matutino elPeriodico, Marcela Gereda se pronuncia sobre los altos niveles de deforestación en el país. Mucho habrá que cuestionar de sus argumentos introductorios, por ejemplo, el hecho de suscribir la idea de que los árboles producen oxígeno, cuando realmente lo que hacen es remover CO2 de la atmósfera, liberando en ese proceso no sólo oxígeno, sino también moléculas de CO2 y; el llamar a Guatemala, “Goathemalan”, cuando el término correcto es Quauhtlemallan, vocablo derivado de la voz náhuatl cuya traducción aún cuestionable es “tierra de árboles”.
El aprovechamiento forestal, técnicamente realizado, no es dañino para los bosques, al contrario, aporta a su calidad.
Fotografía: archivo.
Lo importante en esta primera reflexión que entrego es cuestionar nuevamente la idea que subyace a las causas del problema. Gereda alude a la deforestación como resultado de la falta de “conciencia”, la “venta abusiva de madera” y el “contrabando desmedido”. Su opinión centra solución en más regulación, un cambio de actitud de las personas y en programas estatales de reforestación más agresivos. ¡Yo disiento!
La deforestación y degradación de los bosques en Guateamala obedece a diversas causas raramente advertidas, a saber: la sobreregulación entorno al aprovechamiento de los bosques naturales, la implementación de políticas públicas estatistas, centralización de la administracion pública, ausencia de propiedad privada y las condiciones económicas y sociales imperantes en las áreas con mayor potencial de desarrollo forestal.
La sobreregulación es el resultado de prejuzgar a las personas como individuos destructores, egoístas, ambiciosos y carentes de conocimiento; esta premisa hace concebir los bosques como bienes que no pueden estar solamente al amparo de sus dueños sino que deben ser tutelados y vigilados por el Estado. Subyace a esta noción aquella que data de épocas coloniales en las que todo recurso de valor, incluída la madera y minerales, pertenecía al Rey. Dadas estas condiciones, es evidente que vayamos a cumplir 100 años (1921) de haberse emitido las primeras leyes forestales en Guatemala. Todas bajo el supuesto tácito de que los bosques son bienes públicos, aunque se administren parcialmente de manera privada.
Se establece entonces un sistema basado en permisos (licencias), planes de manejo, garantías, notas de envío para el transporte de productos forestales, restricciones de horarios y especies, inscripción obligatoria de maquinaria, resoluciones, impuestos al valor de la madera en pie, obligatoriedad de asesoría profesional y pagos por concepto de trámites. Todo este aparto burocrático es, en primera instancia, el origen de lo que bien señala Gereda como “contrabando desmedido”.
El madereo ilegal existe precisamente porque ingresar al mercado formal o legal es muy caro. Los costos, requisitos y tiempos gubernamentales entorpecen y desincentivan cualquier intención genuina de manejo forestal y conduce a los más audaces a burlar leyes e instituciones. Florece la cultura del soborno, se distorsiona el sistema de precios y se propicia la corrupción. El bosque, entre tanto, desaparece vertiginosamente porque no hay un estímulo natural para su recuperación, aprovechamiento racional y protección.
Mientras el propietario forestal guatemalteco viva por permiso y no por derecho la cobertura forestal seguirá mermando. Lo solución a este problema fundamental pasa necesariamente por reconocer plenamente la propiedad y la libertad de las personas. El dejar en libertad implica eliminar el sistema de permisos vigente; ello estimulará el comportamiento responsable, pues en sano juicio, nadie quiere degradar lo suyo. Alentará intercambios libres y voluntarios y si el bosque realmente constituye un potencial productivo nacional serán los propietarios forestales quienes bajo un orden espontáneo hagan florecer tal industria, sin mandatos ni fomento estatal. Eso sí, este sistema brindará frutos únicamente si aquel que atente contra la propiedad de manera violenta, enfrente un sistema de justicia probo, diligente y capaz de hacerle pagar las consecuencias de sus decisiones.
Deforestación y degradación (2)
Julio 28, 2014.
En mi columna anterior (3 de julio 2014) hacía reflexión sobre lo que a mí parecer son las verdaderas causas de la deforestación en Guatemala. Mencionaba que la sobreregulación constituye una de ellas. Una segunda causa, difícilmente advertía y menos aún reconocida por la mayoría de sus promotores, es la aplicación de políticas públicas estatistas. Políticas per se, leyes e instituciones cuyos nobles propósitos generan finalmente los resultados que precisamente querían originalmente evitarse, por ello perversas.
El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), administrado por el CONAP, representa una tercera parte de la extensión del país (32%) con sus más de 350 áreas protegidas (2021), siendo la más abarcadora y quizás por ello la más perversa de las políticas forestales nacionales. Ciertamente, alguna posibilidad existe de que el Estado administre algunos parques nacionales, monumentos y sitios arqueológicos pero ello dista mucho de proponerse conservar la diversidad biológica. El sistema sufre altas tasas de deforestación desde que fue legalmente creado (1989). Tanto el Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012 (IARNA-URL), como la Evaluación de la Política Forestal Nacional (FAO-GFP, 2011), evidencian el estado de degradación de las áreas protegidas: invasiones, tala “ilícita”, transporte y comercialización “ilegal” de madera, extracción “ilegal” de vida silvestre y pésimos servicios e infraestructura en los parques nacionales. La deforestación ha alcanzado incluso zonas núcleo de áreas críticas como el Parque Nacional Tikal. Lo que aún se conserva en relativas buenas condiciones son aquellas áreas que han sido otorgadas en concesión (concesiones forestales en Petén) o en las cuales se aplican claros derechos de propiedad (reservas naturales privadas).
Los programas de incentivos forestales, sean estos por medio de exoneraciones fiscales (PIF) o estímulos económicos (PINFOR, PINPEP y ahora PROBOSQUE) también han sido perversos para la conservación de los bosques en el país. Aún y cuando estos programas no se proponen de manera expresa minimizar la deforestación, tácitamente presuponen cambios de comportamiento en las personas hacia un uso más racional de los bosques. No obstante, económicamente estos programas distorsionan el sistema de precios de los productos forestales y contribuyen a la competencia desleal, inhibiendo así la reforestación y el manejo forestal voluntario. Los "beneficiarios" de los programas de incentivos forestales tienen una escasa visión emprendedora entorno a sus plantaciones forestales. ¿Conviene remover todo el aparato estatal, incrementar la burocracia y el presupuesto estatal por unos pocos? Ambientalmente, el incentivo ha motivado la eliminación de bosque natural y vulnerado los bosques a plagas forestales por ausencia de manejo técnico. Políticamente, ha subordinado el mercado económico al mercado político, convirtiendo la arena legislativa en escenario de continuo lobby que busca, ya sea un incentivo más sofisticado o la continuidad de aquel mismo.
Plantación establecida a base de incentivos forestales. Nótese la mala calidad de los árboles debido a la falta de manejo técnico.
Fotografía: archivo.
En mi tesis de maestría puedes conocer a mayor profundidad las implicaciones técnicas, políticas y económicas de los programas de incentivos forestales:
Los programas que suponen estimular la agricultura en el país constituyen la tercer política pública perversa. El programa de fertilizantes, el de riego, el de semillas, el sistema de extensión agrícola y todas esos engendros de ingeniería social alientan la eliminación de bosques naturales, mantienen la economía de subsistencia, la dependencia en el uso de la leña y deterioran la fertilidad de los suelos, no precisamente por emplear productos químicos, sino porque las composiciones no corresponden a las necesidades particulares de cada sitio.
Todas estas disposiciones materializadas en leyes, instituciones, programas y proyectos gubernamentales, responden a una visión de planificación centralizada. Todas y cada una han sido inútiles, perjudiciales y, lo que es aún peor, contraproducentes. Todas contribuyen a la deforestación y a la degradación, a la sobreutilización de los bosques, a la irresponsabilidad, a la (afortunada) clandestinidad, al paternalismo, a la expoliación legal y a una mayor potestad de los gobiernos sobre el bolsillo de los guatemaltecos. No te pierdas mi última columna sobre este tema.
Deforestación y degradación (3)
Agosto 11, 2014.
En mis dos artículos anteriores sobre deforestación y degradación he intentado presentar lo que, a mi juicio, constituyen las verdaderas causas del problema. En franco cuestionamiento a la visión tradicional de la mayoría, condensada de forma clara por Marcela Gereda en su nota del 30 de junio en elPeriodico, he dicho que la sobreregulación es una de ellas, la implementación de políticas públicas estatistas y la falta de claros derechos de propiedad son tal vez las causas últimas más importantes. En esta última entrega esbozo otra causa relevante: la ausencia de riqueza.
“La pobreza es el estado natural del hombre, no tiene causas; la riqueza, en cambio sí las tiene” expresó en algún momento el Dr. Armando de la Torre. Y pienso que definitivamente no erraba. La deforestación y la degradación de los bosques no tiene causa en la “falta de conciencia” ni en “venta abusiva de madera” como dice Gereda, reitero. Tiene sus causas en la ausencia de riqueza, materializada en ausencia de seguridad, justicia y obras públicas que propicien las portunidades de empleo e inversión que necesita la gente en todo el país, especialmente en el área rural.
Al tener los recursos necesarios las personas dejarían de depender, gradual y progresivamente, del uso de la leña para la cocción de alimentos y el calentamiento de los hogares, práctica que refleja la precariedad de nuestra economía y que constituye más que una causa, la consecuencia misma de la pobreza y la miseria. En este rubro es urgente reconocer el daño que ejerce la existencia de un salario mínimo, los sindicatos desnaturalizados y, en general, las perversas políticas laborales de nuestro país.
El alto consumo de leña para la cocción de alimentos y calefacción de los hogares, derivado de la falta de capital para acceder a fuentes de energía no contaminantes (gas propano) y/o a la falta de cobertura energética, suma a la degradación cualitativa de los bosques.
Fotografía: archivo.
Flexibilizar precisamente las políticas laborales, no entorpecer con trámites la creación de empresas, apostar por la descentralización fiscal y la reducción al mínimo de los impuestos podría provocar un shock de inversión a todos los niveles, no sólo inversión extranjera sino nacional (pequeña, mediana y grande). El problema macro debe enfrentarse con políticas macro. La mayoría de políticas públicas para evitar la deforestación han fracasado y seguirán fracasando de no advertir las únicas reformas necesarias, las económicas y jurídicas esenciales. Además la propiedad de los bosques debe ser plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizada para que cualquier usurpación ilegítima o daño pueda ser resarcido y castigado por la ley.
Insisto, no es “diseñando programas masivos de reforestación”, ni creando más programas de incentivos forestales (a propósito de PINFOR, PINPEP y PROBOSQUE). Tampoco se reduce la deforestación aumentando las sanciones ni emitiendo acuerdos de gerencia (a propósito del acuerdo de gerencia de Inab # 38-2008) que entorpecen el libre uso de la propiedad y el manejo forestal voluntario.
Milton Friedman nos recuerda que “las soluciones gubernamentales a los problemas, usualmente son tan malas como el problema”. Las soluciones a la deforestación yacen en los ciudadanos, en la capacidad empresarial mediante el ejercicio de su libertad y su propiedad, pero primero es necesario establecer las premisas correctas y cambiar de opinión.
Post Scriptum. Un sistema de justicia restitutiva o compensatoria, independiente, probo y diligente es también indispensable para la creación de riqueza, y por tanto para disminuir la deforestación y la degradación de los bosques. Lamentablemente, el sistema de elección mediante comisiones de postulación es perverso y proclive a intereses sectarios, no abona en nada al ideal de una verdadera República.
Más bosques, más vida…sí, pero sin privilegios!
Marzo, 2014.
En los días recientes Otto Pérez Molina presentó a su homólogo del organismo legislativo el proyecto de ley ProBosque. La iniciativa fue presentada entre aplausos y algarabía popular; empresarios y comunidades, burócratas e intelectuales, se dieron cita en un exclusivo hotel de la ciudad para respaldar tan "noble" iniciativa.
Una ley que tiene por objeto ‘aumentar la cobertura forestal’ ha sido presentada ya en dos ocasiones anteriores, a saber: cuando el programa de incentivos fiscales (PIF) y cuando el programa de incentivos forestales (PINFOR). Ambas leyes e instituciones han fracasado en el intento, ya que la cobertura forestal del país mermó en los recientes 20 años, período en el que ha estado vigente el PINFOR. Al iniciar dicho programa la cobertura forestal del país ascendía al 47 % del territorio nacional; al 2016 solamente el 33 % del territorio tiene cobertura forestal (Inab, et. al. 2019).
Sin considerar la ganancia anual de cobertura forestal, estimulada por los programas de incentivos forestales, la tasa bruta de deforestación continua aumentando. El más reciente informe sobre Bosques en el Perfil Ambiental de Guatemala (IARNA-URL et. al 2022) encuentra que para el período 1991-2001 la deforestación anual bruta fue de 93,137 hectáreas por año (1 hectárea equivale aproximadamente al área de un campo de futbol estándar). Para el período 2001-2006 el dato aumentó a 101,852 ha/año; para el período 2006-2010 la deforestación aumentó nuevamente a 132,137 ha/año. Finalmente, el estudio señala que para el período 2010-2016 la deforestación bruta se redujo ligeramente a 123,066 hectáreas anuales.
La tasa neta de deforestación declinó de 73,000 hectáreas anuales (período 1991-2001) a 18,362 ha/año (período 2010-2016). Este dato es engañoso pues contabiliza la cobertura forestal ganada por efeto de los programas de incentivos forestales, los cuales más o menos añaden 12,000 hectáreas al año. No obstante, la deforestación, como hemos visto, continua creciendo a nivel nacional, puesto que esta tiene lugar en los bosques naturales.
A pesar de todos los esfuerzos gubernamentales es evidente que ni las políticas de comando-control, como las vedas y la declaratoria de áreas protegidas, ni las políticas de “fomento”, como los incentivos a la industria forestal, han logrado resultados positivos y sostenibles. Por supuesto, para algunos y por períodos transitorios sí, pero lograr estabilidad en estos procesos no ha sido posible desde la ‘virtuosa’ planificación centralizada.
Fomentar una industria—en este caso, la que basa producción en el bosque, es una política que promueve incentivos perversos e impactos negativos para toda la sociedad. Sobre lo primero, el mercado económico se mueve hacia el mercado político, engendrando una serie de grupos de interés que, invariablemente, buscan hacerse parte del grupo de beneficiados (teoría de búsqueda de rentas o rent-seeking). Así, una ley que originalmente se proponía como “temporal” acaba por ser una ley “perpetua” cuyo costo paga usted por siempre.
Sobre lo segundo, el impacto económico más trascendente de este tipo de legislación ocurre en el sistema de precios, la información que se mueve en el espectro de quienes producen, venden o compran se distorsiona, tanto a nivel nacional como internacional. Los impactos de este fenómeno económico serán la abstención o escasa inversión a futuro—con lo cual se justifica nuevamente la siguiente generación de incentivos económicos por parte del Estado, la competencia desleal, la saturación del mercado de productos específicos y su consecuente sustitución artificial y el pago de un doble-precio: cuando mediante el pago de impuestos se sostiene el programa y cuando se paga el producto derivado de la actividad forestal.
La forma correcta de estimular la industria forestal es mediante la seguridad, incluyendo la certeza sobre la propiedad; la justicia y las obras de infraestructura.
Fotografía: archivo.
“Pero los hombres comparten también otra predisposición: la de vivir y desarrollarse, cuando pueden hacerlo, a expensas unos de otros” afirmó el diputado Bastiat a mediados del siglo XIX, ilumunando el camino: esta ley es otro instrumento de expoliación legal. Implicará futuras reformas fiscales, préstamos o “donaciones” a cambio de chantaje político por parte de países "amigos" y organismos supra-nacionales, alentará la corrupción, desviará la asignación de fondos de usos legítimos (seguridad, justicia y obras públicas) y promoverá el clientelismo político; aumentará el paternalismo y seguramente la ingobernabilidad social.
La única forma de promover la conservación de los bosques es sometiéndolos al interés genuino de sus propietarios. Es protegiendo la libertad inherente a los ciudadanos. Es permitiendo que actúen por derecho y no por permiso. Pero, ¿cómo pueden actuar en libertad los ciudadanos? Otorgando y dando certeza sobre la propiedad. Para el caso que nos convoca, para impulsar la industria forestal y conservar los bosques sería necesario, otorgar de manera indefinida las áreas protegidas a particulares (individuales o colectivos legítimos de acuerdo a la teoría de los recursos de uso común de la profesora Elinor Ostrom) y eliminar todos los requisitos y prohibiciones entorno al tema, a saber: exigencia de planes de manejo forestal, licencias, requisitos y permisos, regencias y figuras legales que suponen una garantía contra la “extralimitación” del propietario; y por supuesto, eliminando los programas de incentivos forestales.
¡Más bosques, más vida…sí, pero sin privilegios!
Hank y los símbolos patrios
Septiembre 16, 2015
A mediados de los 80’s el Parque Nacional de Yellowstone experimentaba un descenso considerable en la población de lobos. Los finqueros vecinos del parque les mataban porque estos acechaban el ganado que constituía su principal fuente de ingresos. La ecología moderna reconoce que la ausencia o sobrepoblación de los grandes predadores en un ecosistema afectan de manera importante el resto de la cadena trófica, por tanto su existencia era vital para la vida del parque. Los esfuerzos del Servicio Nacional de Parques (NPS, por sus siglas en inglés) no eran suficientes.
No fue sino hasta que Hank Fischer, un emprendedor ambiental, se interesó y observó que el problema era económico. No consideró necesariamente como causa la simple falta de conciencia de aquellos hombres, sino los incentivos que les empujaban a mermar la cantidad de lobos. Hank constituyó un fondo de compensación económica para los finqueros y en poco tiempo logró retornar a los lobos a Yellowstone. En este video puedes conocer la historia completa.
Así como Yellowstone y los lobos a mediados de los 80’s en los Estados Unidos, hoy las áreas “protegidas” y nuestros símbolos patrios se encuentran en franco deterioro. En general, la deforestación, las invasiones, las plagas y los incendios forestales ocurren con mayor frecuencia en las áreas protegidas del país, incluso en las zonas núcleo, sometiendo a una fuerte presión las aves como el quetzal y plantas como la monja blanca, la ceiba (Ceiba pentandra) y el hormigo (árbol del cual se extrae la madera para la construcción de la marimba).
Poco más de un cuarto de siglo ha pasado desde que se emitió la Ley de Áreas Protegidas (Decreto Ley 4-89) sin mayores cambios en la composición de las reservas naturales del país. El Biotopo del Quetzal, por ejemplo, no ha sido capaz con sus categorías de manejo ni con la subvención estatal en mantenimiento e investigación, contener las amenazas de deforestación y degradación de los bosques que funcionan como hábitat para esta ave endémica de la región, muy especial por su “cola larga de plumas brillantes” (traducción de la voz náhuatl de la palabra quetzalli).
Macho (cola larga) y hembra del Quetzal descansan sobre los árboles del bosque nuboso de Guatemala.
Fotografía: archivo.
En la misma región, tampoco han sido eficaces los esfuerzos por preservar el ecosistema que alberga miles de especies de orquídeas, y en especial el de la monja blanca (Lycaste virginalis), la cual probablemente ya sólo se conserva en colecciones privadas. Para la ceiba (o yax-ché) y el hormigo (Platymiscium dimorphandrum) el escenario es aún peor; la dependencia de la leña como fuente energética, necesidad derivada de la pobreza, hace que estos árboles de características muy especiales, sobrevivan dispersos en todo el territorio nacional.
De muy poco y nada han servido las más 350 áreas protegidas que ocupan ya un tercio del territorio nacional. Decenas de decretos legislativos y cientos de acuerdos gubernativos y resoluciones de la Secretaría Ejecutiva del CONAP no ofrecen los incentivos adecuados para preservar la fauna y la flora guatemalteca.
Cuando he insistido en cambiar el Sistema –y no sólo de gobernantes– es justamente a esto que me refiero. La planificación centralizada, la concepción de los recursos económicos de origen natural como bienes públicos y la intervención estatal en la esfera privada de la conservación ambiental, genera las condiciones para el mercado clandestino, uso irracional y extinción de la biodiversidad.
Durante los días de fervor patrio, reflexiona sobre la necesidad de derogar estas leyes malas (el Sistema) y transitar al capitalismo liberal y democrático, en orden a generar las condiciones para que, emprendedores ambientales como Hank Fisher, tengan los incentivos adecuados y el capital necesario para proteger, emplear racionalmente y hasta multiplicar nuestra biodiversidad.
Imprime este artículo, no pasa nada
Septiembre 23, 2015.
El viernes 18 de septiembre tuve la oportunidad de dar una conferencia en el Colegio Internacional Montessori. Aproximadamente 60 jóvenes del Quinto Bachillerato me escucharon hablar sobre el tema "Recursos, Medio Ambiente e Industrialización". La charla fue concertada por uno de los estudiantes (y amigo), Jose Fernando Orellana, un joven inquieto intelectualmente que recomiendo seguir en redes sociales.
Ofreciendo la charla en el colegio Montesori en 2015.
La mayoría quizás esperaba de mi parte un enfoque tradicional: recursos naturales concebidos como bienes públicos, problemas globales y no locales, crecimiento económico como fenómeno incompatible con la conservación ambiental y en consecuencia, la típica ecohisteria que abunda en nuestros días.
Ofrecí, de hecho, todo lo contrario. Y aunque el tiempo me jugó en contra logré cuestionar aquellas premisas y desmentir el mito de la escases y del calentamiento global provocado por el hombre. No logré abordar el problema que suscita cuando los recursos naturales son administrados como bienes públicos y bajo la tutela del Estado (Tragedia de los Comunes) ni profundizar en el porqué las soluciones tradicionales (impuestos, vedas, licencias y permisos, subsidios y leyes) no ofrecen los incentivos adecuados para solucionar de fondo aquellos problemas.
Es por eso que para ellos, principalmente, escribo estas líneas.
¡El mejor incentivo para conservar el ambiente es la propiedad privada! Nadie cuida mejor lo propio que el mismo dueño, aunque generalmente se nos haga creer que esos dueños serán egoístas e incapaces de cuidar bienes complejos como el agua, los bosques o el subsuelo. Sólo en las sociedad donde más evolucionado existe aquel incentivo, donde prevalece un gobierno limitado a la seguridad, la justicia y las obars públicas; donde prevalece, por tanto, la libertad económica, sólo ahí, el desempeño ambiental ha mejorado sustancialmente. De acuerdo a los investigadores Joel Wood e Ian Herzog del Fraser Institute (Canadá), un estudio en 2014 muestra que el aumento permanente de un punto (1 %) en el índice de libertad económica, resulta en la disminución del 7.5 % de la contaminación local (medida en microgramos por metro cúbico de partículas suspendidas al aire libre).
Ese dato aún logré lanzarlo como respuesta a una jovencita durante la fase de preguntas. Las dudas eran lanzadas sin temor ni permiso, aún cuando recibía de uno de ellos un presente en señal de agradecimiento.
Con el presente en mano y con algún profesor que esperaba en el fondo por ellos, surgió una pregunta muy particular, ¿cree usted que no debemos imprimir hojas porque es malo para los árboles? Franco, directo y claro respondí: no para nada…eso no es malo, es uno de los tantos mitos que nos han hecho creer. Imprimir hojas es la mejor manera de estimular la industria papelera…porque más demanda de papel implica más demanda de árboles.
Así que, amigos lectores y jóvenes del Montessori, no se abstengan de imprimir este artículo, con la buena intención de evitar la deforestación. Imprímelo si para ti es conveniente imprimirlo y entonces contribuirás a conservar y hasta aumentar la cantidad de árboles en el mundo.
P.S. Mientras me dirigía hacia la puerta de salida y al ritmo de mi paso, Emiliano, otro joven muy audaz cuestionaba respetuosamente algunos de mis planteamientos. Respondí y rectifiqué algunas respuestas incluso, felicitándolo finalmente por tan importante proceso de pensamiento: el cuestionar. Me llena de esperanza que estos jóvenes estén siendo formados bajo ese esquema. Lamentablemente, por nuestro decrépito sistema educativo, esa es la excepción y no la regla. ¡Felicitaciones Colegio Montessori!
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Esto consigno desde entonces mi firma digital, puedes usarlo tu también:
"Consumir papel contribuye a preservar y hasta aumentar la cantidad de árboles en el mundo, porque la industria papelera siembra sus propios árboles para producir papel. Más demanda de papel equivale a más demanda de árboles. Por consiguiente, no se abstenga de imprimir este mensaje, con la buena intención de evitar la deforestación. Imprímalo, si para usted es conveniente imprimirlo; y entonces contribuirá a conservar y hasta aumentar la cantidad de árboles en el mundo."
“Consuming paper helps preserve and even increase the number of trees in the world, because the paper industry plants its own trees to produce paper. The greater the demand for paper, the greater the demand for trees. As a result, do not abstain from printing this message with the good intention of avoiding deforestation. Print it, if it is convenient for you to do so; and then you will contribute to conserving and increasing the number of trees in the world”.
La Puerta del Cielo no está protegida
Diciembre 14, 2016.
Allá por 2002 visité un lugar mágico: hacía frío, llovía y la niebla caía densa. Era un lugar montañoso, de terreno rocoso. Conforme descendía sobre un camino de terracería en muy mal estado irrumpían lentamente y entre las nubes, árboles muy altos y de forma especial. Sus ramas me confirmaban que no eran pinos ni cipreses. Aquel lugar se llama la Puerta del cielo; aquellos grandes árboles eran pinabetes en su estado natural.
Lamentablemente, la Puerta del Cielo no está protegida y los pinabetes (o Pachac o Abies guatemalensis Rehder) que habitan ahí tampoco. Esta especie es endémica de Guatemala, es decir, se reproduce naturalmente sólo en estas latitudes, específicamente en Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango.
Bosque de pinabete en el altiplano occidental guatemalteco.
Fotografía: archivo.
Las acciones de coordinación interinstitucional, de educación, de fomento vía subsidios (privilegios), de conservación mediante áreas protegidas y de control de la ilegalidad contenidas en la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete 2008-2017 han contribuido en poco y nada a la conservación de la especie, a saber: en los últimos 45 años la reducción de estos bosques fue superior al 95% (Conap 1999) y sólo en 2019 se incautaron 253 mil ramillas valoradas en Q. 1,233,750 quetzales (MP 2016). Cientos de personas y vehículos se detienen anualmente por esta causa.
Pues bien, el problema no es nuevamente la falta de aplicación de la ley, la ingrata ambición de los vendedores ilegales o la incompetencia de las autoridades. El problema tiene tres grandes aristas: una de índole político, una económica y una social. Es de índole político porque nuevamente otorgamos a los gobiernos funciones, poderes y recursos que no les corresponden. Creen muchos equivocadamente que es responsabilidad de los gobernantes cuidar los recursos forestales. Bajo esta premisa justificamos presupuestos para entidades y funcionarios innecearios (e.g. INAB y CONAP) y aprobamos moralmente convenios inútiles y costosos (CITES o Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres). Los burócratas no tienen todo el conocimiento y siempre intereses personales que los hace, por un lado, incapaces de advertir lo complejo del mercado (oferta y demanda) y por el otro, susceptibles a la corrupción.
El problema es de índole económico porque básicamente existe un mercado, es decir, gente que demanda árboles y productos navideños, y vendedores ilegales que valoran en más las utilidades que el riesgo de ser sancionados por la ley. A este aspecto debo agregar el problema de los dañinos efectos de un subsidio o “incentivo forestal” para establecer plantaciones voluntarias y su respectivo marchamo blanco. Este privilegio y esquema de “certificación de legalidad” solo ha generado un pequeño monopolio de productores que no están sometidos al rigor de un sistema de precios en competencia y que regularmente hacen su agosto en diciembre. ¡De ahí que a muchos guatemaltecos nos cueste pagar un árbol para adornar e impregnar de esquisito olor nuestros hogares!
En el ámbito social acontece otro problema fundamental: el de la propiedad. En este caso creen muchos que atribuyendo la categoría de “CITES” o “área protegida” a especies forestales y propiedades estatales se asegurará la conservación de las mismas. Falso. La propiedad estatal favorece la Tragedia de los Comunes o escenario bajo el cual el recurso natural supuestamente es de todos, pero en realidad es de nadie y por eso nadie lo cuida. Todos en algún momento exceden los límites aprovechables y de ahí la tragedia que padece la Puerta del Cielo y muchos otros parajes del occidente del país. Por demás está hablar de la educación…a los oferentes o emprendedores que burlan la ley, poco les importa si la especie es endémica o no, o si su ciclo de reproducción natural coincide con la época de aprovechamiento.
La verdadera solución pasa, pues, por los tres principios antagónicos: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Lo primero para resguardar que en las relaciones comerciales se respete la vida, la libertad y la propiedad de las personas. En tal virtud, es urgente fortalecer el sistema de justicia pero también derogar el CITES y las leyes malas que se relacionan con él (Decreto 4-89 y 101-96). Lo segundo (mercados libres) para dejar-hacer, dejar-pasar (laissez faire, laissez passer)…dejar que las personas de Todos Santos Cuchumatán, por ejemplo, comercien libre y pacíficamente el producto de su trabajo y de su propiedad; ello permitirá que, a mayor demanda del árbol navideño, exista mayor oferta (¡más bosques!). Y lo tercero, propiedad, para que exista un aprovechamiento racional. A tales efectos, se debe lograr que la propiedad sea puntualmente definida, jurídicamente defendible y comercialmente transferible (Principio DDT).
Ni prohibir el aprovechamiento y comercio de los bosques naturales, ni agregarlo a Apéndice CITES, ni decretar áreas protegidas, ni los subsidios, ni el marchamo blanco contribuyen a proteger el pinabete. Más bien son la causa de su extinción. ¡De aplicar soluciones de libre mercado y propiedad privada, seguro nos convertiríamos en exportadores de tan únicos árboles!
Incendios forestales. ¡Arde el estatismo!
Abril 19, 2017.
Además de renovar las fuerzas espirituales y de celebrar la vida con mi familia y amigos, durante la Semana Santa debí observar el problema de los incendios forestales que ocurren prácticamente a lo largo y ancho de todo el país: desde la Laguna del Tigre y la Sierra de Lacandón hasta los barrancos de la Ciudad de Guatemala; pasando por el Volcán de Agua, el Cerro Alux y las riberas de los lagos de Amatitlán y Atitlán.
El área concesionada (verde intenso) de la Reserva de Biosfera Maya en Petén se protege mejor de los incendios foresales debido a la claridad de los derechos de propiedad.
Fotografía: Agexport Hoy, ACOFOP.
Al leer las notas de prensa, las declaraciones de funcionarios públicos y a los formadores de opinión y público en general, advierto mucha confusión sobre las verdaderas causas de este fenómeno. En principio, debemos tener claro que todos los incendios forestales son provocados por el ser humano; no hay tal cosa como un incendio de causa natural, pues el Triángulo del Fuego (oxígeno-energía-material combustible) no se activa sólo, al menos no en estas latitudes donde la intensidad de la radiación solar, la vegetación, el porcentaje de humedad, el viento y otros factores impiden que ello suceda espontáneamente. Ahora bien, no todos los incendios forestales son “intencionados”; el reporte 2016 del Sistema de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA) indica que el 60% de estos sí lo son, el resto son fuegos que se inician sin la intención de crear un incendio forestal. Cabe mencionar aquí que el fuego no necesariamente es un factor negativo; cuando éste aparece de forma planificada y controlada (quema prescrita), contribuye a la regeneración natural de árboles y arbustos y, es más, es una de las técnicas más eficaces para el control de los incendios forestales (técnica de contra-fuego).
Seguidamente, y aunque el discurso tradicional refiere varias causas, yo considero que este es nuevamente uno de esos fenómenos cuya causa principal puede agruparse en una sola: el estatismo. Analicemos a fondo el fenómeno: la narco-ganadería ciertamente puede ser el activador, pero a este subyace en primera instancia una prohibición estatal que ha demostrado hasta la saciedad ser inútil e inmoral, y es la de penalizar legalmente la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Si esta actividad no estuviese penalizada, tal y como lo es hoy por hoy, beber una cerveza, por ejemplo, sin dudas aquella actividad económica se desenvolviera de manera pacífica, tal y como lo es hoy por hoy, por ejemplo, la compra-venta de cerveza. El problema es que, al prohibirla por ley (Ley contra la narcoactividad, Decreto 48-92), la actividad se encarece y los métodos para conectar la oferta con la demanda precisan de violencia. ¿Qué les importa a los violentos-empresarios de las drogas la biodiversidad, la arqueología maya y tantos otros valores naturales que albergan las áreas protegidas?
Y esto me da pie a cuestionar nuevamente otro resabio del estatismo, causa a la vez de los incendios forestales: las áreas protegidas por ley. Tanto el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) como su marco legal, la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), han demostrado con creces ser un fracaso total. El 52% de la cobertura forestal que constituye el “sistema” está en franco deterioro y amenaza; el informe de cobertura forestal para el período 2010-2016 estima que de las 123,066 hectáreas perdidas anualmente, 39,468 están dentro de áreas protegidas, es decir el 32 % (IARNA-URL, 2022). Y un informe del CONAP señala que en los últimos 10 años las áreas protegidas se han visto afectadas anualmente por un promedio de 222 incendios y 13,557 hectáreas (CONAP, 2021); prácticamente 1 de cada 3 hectáreas que se pierde en áreas protegidas es por causa de incendios forestales.
Este fenómeno confirma que las áreas protegidas en realidad son las más des-protegidas y ello es consecuencia de no tener el incentivo adecuado para su conservación: la propiedad privada. Al no tener dueño ni las condiciones de mercados libres y gobierno limitado a sus funciones propias (seguridad, justicia e infraestructura), estas áreas se ven sometidas a diversos fenómenos de degradación: invasiones, extracción insostenible de maderas y vida silvestre, deforestación, plagas e incendios forestales. El Estado nunca será apto, suficiente ni eficaz en estas materias.
Otra de las causas que se esgrimen con frecuencia es el tema de las rozas por parte de agricultores. Aquí el análisis me lleva a concluir que estas prácticas son necesarias y económicamente rentables derivado de la escases de capital y baja tecnificación en la limpia de los terrenos. La agricultura de pequeña escala, como tantas otras actividades económicas, se encuentran sometidas a una serie de regulaciones, impuestos, condiciones y distorsiones que no permiten mejorar y transitar hacia mejores tecnologías, inversiones y prácticas. El caso de la caña de azúcar es por demás interesante: durante la época de zafra se queman muchas áreas y de ellas no derivan necesariamente en incendios forestales.
No es la falta de capacidades o recursos del CONAP y, aunque el gobierno sí debe puede un papel en el control de incendios forestales mediante un cuerpo de bomberos especializados, son los propietarios privados quienes en primera instancia deberían prevenir que sus bosques sean quemados. La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) ha demostrado durante más de 25 años que, cuando hay más o menos claridad en los derechos de propiedad, es posible prevenir los incendios forestales en más de 500 mil hectáreas y controlarlos cuando estos ocurren. Y cuando aún bajo condiciones de propiedad privada suceden estos fenómenos, es vital que exista, en primera instancia, un fuerte sistema de justicia y mecanismos arbitrales que determinen si hay mano criminal, y de haberla obligar a resarcir o compensar el daño.
Lamentablemente, pocos advierten que el problema de los incendios forestales es uno de índole económico y político, yace en las instituciones (la propiedad y la justicia). Lo que es aún peor es que, el presidente Morales comete el gravísimo error de solicitar al Congreso apruebe de urgencia otra ley específica para la protección de la biósfera maya. ¿Cuándo entenderán los politiqueros estatistas que no es cuestión de más leyes sino de mejores instituciones? ¿Y que ello pasa más bien por derogar las leyes malas, entre ellas la Ley de Áreas Protegidas, las leyes que planifican, protegen y subsidian las actividades agropecuarias y la Ley contra la Narcoactividad? Es por esto, estimado lector, que con los incendios forestales arde el estatismo. ¡Piénsalo!
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