En esta sección encontrarás una compilación de mis artículos sobre alimentos, nutrición, tierra y agricultura. Todos los artículos tienen vigencia, no obstante han sido revisados, actualizados, corregidos y/o mejorados.
Compilación creada en Junio de 2023.
Contenido
A propósito del desarrollo rural
Febrero 2, 2013
El recién nombrado Ministro de Agricultura fue entrevistado en los últimos días por un medio de comunicación escrita. De la entrevista y sus ideas respecto al nuevo enfoque de su gestión es importante analizar lo siguiente:
En primera instancia parece que sin la ley de desarrollo rural integral todo es “oscuro”. Afortunadamente esta iniciativa de ley se diluyó, de lo contrario hubiese pasado a formar parte del grueso número de leyes malas que rigen nuestro país. Leyes que, abonan a la expoliación legal, es decir, a la mala práctica de quitarle a unos para darle a otros de manera coercitiva.
Ciertamente, miles de familias viven en laderas y en áreas de "baja productividad". Ciertamente en esas condiciones, la pérdida de suelo y agua es mayor y compromete la cosecha de los cultivos de maíz y frijol. Pero es iluso pensar que tal degradación de los factores productivos puede evitarse o al menos minimizarse con leyes, ministerios, consejos y programas de fertilizantes o riego. Nada de ello representa una verdadera solución al problema.
Campos agrícolas en el oriente de Guatemala.
Créditos de la imágen: archivo propio.
Las leyes que no buscan salvaguardar los derechos individuales—la vida, la libertad y la propiedad privada, simplemente son perversas. Degeneran en discrecionalidad, burocracia y corrupción. Provocan serios problemas financieros pues el cumplir con los programas que se erigen a su sombra necesitan, o de préstamos, cuyos intereses socavarán posibilidades de inversión de las generaciones futuras, o de incremento de impuestos, cuyos efectos son visibles en las generaciones presentes. Las leyes y sus nobles intereses, por tanto, no son una opción.
Los programas de fertilizantes tampoco lo son. Sin duda generan intereses perversos en burócratas, empresas y agricultores. Los primeros serán seducidos por quedarse con una pequeña porción del negocio, los segundos con buena parte del negocio y los terceros, simplemente terminan con la peor parte: dependencia, perjuicio y rezago económico. Perjuicio porque—como el mismo Ministro reconoce, “El fertilizante como se aplica hoy, anula la capacidad natural del frijol para generar nitrógeno. Por eso disminuyó su productividad”.
Conscientes de lo anterior, la actual administración busca ampliar los errores: desarrollar un programa integral que incluya no solamente fertilizante sino también asistencia técnica, semillas y riego. ¡Integral será el error! Seguramente “tres extensionistas por municipio” no serán suficientes para atender la enorme demanda. Seguramente, las semillas no alcanzarán para todos, y seguramente también el riego generará que los “buscadores de rentas” del gobierno empiecen a moverse. Los más beneficiados entonces serán aquellos que vendan semillas y aquellos que provean de sistemas de riego. Usted, mientras tanto, deberá esperar 60 años para obtener rédito de los US$380 millones que deberán ser invertidos en tan flamante estrategia. Vaya intervención: el gobierno decide qué sembrar, en dónde y cómo.
Pero si hace casi cinco décadas, a deducir por las palabras del Ministro, ya en su aldea Chuscaj, Chiantla, Huehuetenango, se ensayaban sistemas de riego que, también a decir de él, eran eficientes. Si ya en tiempos pasados fueran posibles aquellas tecnologías en aquellos lejanos lugares, ¿porqué hoy debemos pensar que tal conocimiento no está disponible en el agricultor, en la agricultura familiar, en el sujeto priorizado? ¿Acaso “tecnificar el campo” es efecto exclusivo de la “ingeniería social?
“Los altos índices de desnutrición no son obra de Dios” dice el Ministro en aquella entrevista…por supuesto señor Ministro. Tampoco son efecto del “abandono del campo por décadas” como usted supone. Es el efecto de la intervención del gobierno en las esferas privadas de las personas, entiéndase en la educación, la salud, la economía, los contratos, el ahorro y las pensiones, y de la ausencia del gobierno en las únicas tareas que le corresponden: seguridad, justicia y obras públicas.
Las soluciones de fondo no se hallan en dichas ideas amigo lector. Se hallan fundamentalmente en garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos individuales: la vida, la libertad [de producir] y la propiedad. Y ello concretamente debería implicar, entre otras medidas, que el sistema de educación pública se transforme en un sistema educativo que permita la competencia y deje en los padres la posibilidad de decidir la educación de sus hijos. Solo así será posible hallar mayor cobertura y calidad educativa y, en consecuencia, transferir nuevos y mejores conocimientos. Mismos que a su vez permitirán transitar hacia otras fases del desarrollo (servicios e innovación).
Respecto a la propiedad de las familias por las que dice abogar el Ministro—las del altiplano, urge dar a dichas tierras titulación supletoria y acelerar el proceso catastral pues estas familias no pueden hipotecar su terreno debido a la falta de claridad en los derechos de propiedad y por tanto no son sujetos de crédito.
Mientras escribo estos párrafos el Ministro intenta crear un nuevo viceministerio y el mediante el Fideicomiso Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonades) hacer correctamente las licitaciones para la compra de los fertilizantes. Podrán hacer su mejor esfuerzo pero es muy probable que los resultados sean siempre los mismos. Perpetuar las prácticas de expoliación legal solamente perjudica a lo que ellos llaman “sujeto priorizado”. P.S. Este fue mi primer artículo en prensa digital, en República. ¡Desde esta tribuna agradezco el tiempo y el espacio que me brindaron para emitir mi opinión!
Ley Monsanto y su artículo 46
Agosto 25, 2014
Sarcásticamente conocida como Ley Monsanto, el decreto número 19-2014 causó revuelo la semana pasada. La ley, promulgada mientras Uruguay ganaba a Italia 1 por 0 en Brasil 2014, ha puesto de manifiesto nuevamente y más allá de las discusiones sobre organismos genéticamente modificados y la propiedad intelectual, la picardía de la mayoría de diputados del Congreso de la República.
¿Porqué en una ley para la protección de obtenciones vegetales se amplía el presupuesto de ingresos en 550 millones de quetzales? ¿Porqué se asignan estos fondos al Ministerio de Comunicaciones? No es casualidad que hayan sido asignados a la cartera del Ministro que, a todas luces, hace campaña política con el partido oficial. Esto es lo más importante y lamentablemente ha pasado inadvertido.
Y mientras seguramente los diputados del partido oficial festejan la ampliación presupuestaria, otros apenas se dan cuenta de que una vez más han levantado la mano "sin qué ni para qué". Ahora estos últimos osan en proponer su derogación y buscan de paso, el aplauso público. Está claro: la ley para la protección de obtenciones vegetales tenía un móvil aún más relevante, la ampliación del presupuesto mediante “préstamos externos a largo plazo”. Otro gol a favor del endeudamiento público y del estatismo.
Exceptuando el artículo 46 y la picardía que él engendra, pienso muy válido que se defina claramente y respete la propiedad intelectual y que florezca la biotecnología para mitigar amenazas como la canícula aún vigente. La mejora de rendimientos por unidad de área y la tolerancia a ciertas condiciones climáticas son rasgos importantes de nuevas variedades vegetales, mismas que podrían ser solución para problemas como la desnutrición crónica y la escasez de alimentos en el área rural. El arroz dorado es un buen ejemplo de ello. Es más, considero que la investigación y el desarrollo biotecnológico privado ofrecería más y mejores soluciones que toda la batería de políticas públicas sobre "seguridad alimentaria y nutricional" que se aplican en el país desde hace décadas y que no hacen más que profundizar el paternalismo y el despilfarro de recursos.
Pero esta tecnología no puede estar disponible si no se definen claramente los derechos de propiedad, pues son estos los que propician la existencia de un mercado. Si este emerge espontáneamente, sin privilegios y en sana competencia, hay mayores posibilidades de que los pobladores de Jocotán o La Mesilla dejen de ser noticia reiteradamente. Tendrían acceso a mejores alimentos de igual forma como tienen acceso hoy por hoy a mejores teléfonos celulares.
Sin embargo, aún me pregunto si para ello es necesario una ley y la tutela del gobierno. La propiedad es un derecho fundamental, anterior al Estado, es una institución cuya aplicación se reconoce, no se obliga. Una ley como esta justifica la existencia del MAGA y de su más perverso departamento: Normas y Regulaciones. De ambos, dicho sea de paso, deriva el paternalismo y la cultura del permiso, la burocracia y la ineficiencia.
Invito a leer sobre estos temas. A informarse correctamente y a no sólo repetir ideas sin fundamento o que se hayan demostrado científicamente. Exigir transparencia y rectitud a los diputados quizás sea mucho pedir.
Un café con libertad
Enero 26, 2015
Es para todos bien conocido lo pujante del sector cafetalero en Guatemala. Por siglos esta actividad productiva ha representado un rubro importante en materia de empleo, divisas e ingresos para muchos guatemaltecos. Es, sin duda, un sector competitivo que ha sabido aprovechar las potencialidades comparativas del país (microclimas, rangos altitudinales, suelos, etc.), pero también otro cuyos resultados son efecto de las protecciones y privilegios otorgados por los gobiernos, obviamente como suelen hacerlo, a costa del resto de ciudadanos.
¿Sabía usted, estimado lector, que el sector cafetalero guatemalteco ha sido exitoso (o relativamente exitoso) al amparo de una ley que data de 1969? La Ley del Café, Decreto 19-69, es otro de esos engendros legales producto de una visión proteccionista de los años 60’s y 70’s. No fue la primera de hecho, le anteceden dos decretos, lo cual confirma una vez más que el proteccionismo y los privilegios ha sido una constante en los dos siglos de vida independiente del país.
La ley obliga sutilmente, si cabe tal adjetivación, la membresía de todos los productores del grano a la Asociación Nacional del Café (Anacafé). El artículo 15 prescribe que “Son miembros de la Asociación todas las personas individuales y jurídicas productoras de café de la República, a menos que hagan constar su deseo de no pertenecer a la misma.” Es decir, lo son de facto. El artículo 16 determina que “Los productores de café deben inscribirse como tales en los Registros de la Asociación…” (cursivas mías). Si usted quiere producir café es, de hecho, miembro de Anacafé y debe inscribirse, de lo contrario debe hacer constar que no quiere serlo; eso por supuesto representará un costo (dinerario, en tiempo u otro) que nadie seguramente está dispuesto a pagar. La ley claramente restringe la libertad de asociación.
La ley obliga el pago de una cuota a la Asociación por concepto de permisos de exportación y embarque, le faculta como única institución para la autorización de estos, le prescribe como receptora de subsidios y le acredita la responsabilidad de fijar precios de venta al exterior. En fin, un engendro que, en otras palabras, legitimiza un sistema basado en permisos y no en derechos (como el de vender libremente a los precios que el productor considera competitivos), no respeta la libertad de asociación, irrumpe el proceso económico natural de fijación de precios, justifica la intervención de los gobiernos en la esfera privada de las personas y arrebata coercitivamente de los productores una cuota que, seguramente afecta su flujo de caja y utilidad.
Las recientes discusiones sobre el fideicomiso exigido por la Asociación y los efectos generalizados que tuvo la roya sobre el cultivo son dos fenómenos, uno de financimiento y otro de tecnología, de los cuales deberíamos estar exentos el resto de ciudadanos; cada quien en su actividad productiva debería ser responsable de los costos que dicha actividad implica, su éxito o fracaso será únicamente su responsabilidad.
En su brillante ensayo La Ley, el pensador francés Frédéric Bastiat apunta:
“[...] en la legislación de un pueblo, la expoliación legal es una mancha oscura, y se impone borrarla de inmediato, sin prestar oídos a los clamores de los interesados. ¿Cómo hemos de reconocer esa mancha oscura? Es muy simple. Bastará examinar si la ley quita a unos lo que les pertenece, para entregar a otros lo que no les pertenece. Bastará preguntar si la ley ejecuta, para provecho de un ciudadano y en detrimento de otro, un acto que el ciudadano no podría ejecutar a título personal sin cometer un delito. En tal caso, la ley examinada debe ser abrogada de inmediato, porque no sólo es en sí misma iniquidad, sino que, por añadidura, es manantial fecundo de iniquidades”.
Felicito a los productores cafetaleros que han sido ajenos a este perverso sistema, a aquellos que han enfrentado, solos o en sociedad voluntaria, la roya, las heladas y cualquier otro obstáculo de financiamiento o tecnología. A aquellos verdaderos empresarios que han asumido las consecuencias de sus decisiones. Por los demás, esta ley debe ser derogada inmediatamente.
El arroz dorado
Julio 6, 2016
La semana pasada la más representativa organización ambientalista radical, Greenpeace, recibió otro gran revés. Esta vez nada menos que de 110 Premios Nobel, quienes en una dura carta abierta denuncian a esta organización, entre otras, de oponerse a las innovaciones biotecnológicas en la agricultura. Innovaciones que podrían llegar a satisfacer las necesidades de alimentación de la población mundial, dice la carta.
Entre los nobeles que firman la carta destaca el físico Ivar Giaever (Premio Nobel de Física), quien hasta hace poco era un creyente de la teoría del calentamiento global antropogénico (o de causa humana) pero luego un “realista climático” declarado al admitir que dicha teoría “se ha convertido en una religión”. Él y el resto de científicos urgen a Greenpeace y a sus partidarios re-examinar la experiencia de los agricultores y consumidores alrededor del mundo y reconocer los hallazgos de entidades científicas competentes.
Entre dichos hallazgos me parece relevante dar a conocer el estudio publicado en 2013 por un equipo de científicos de la Universidad de Perugia. La investigación titulada “Una visión general de los últimos 10 años de investigación sobre la seguridad de los cultivos de ingeniería genética” consistió en la revisión de 1,783 estudios, los cuales habían sido desarrollados entre 2002 y 2012. “Hasta el momento no se ha detectado ningún riesgo significativo relacionado con el uso de los cultivos transgénicos” concluía Alessandro Nicolia y su equipo en aquel momento.
La carta aboga por los “organismos genéticamente modificados” en general, pero en particular por el arroz dorado, una innovación biotecnológica que permite eliminar las muertes por deficiencia de vitamina A, un problema de gran impacto en las personas pobres de África y el sudeste asiático.
Guatemala no escapa a este flagelo; la desnutrición crónica y otros problemas derivados de la falta de alimentos de calidad, tales como la ceguera, podrían ser aplacados verdaderamente con la libre introducción y acceso a este tipo de innovaciones biotecnológicas.
Y digo “verdaderamente” porque lo que ha hecho la política pública de seguridad alimentaria en Guatemala desde 1976 ha sido irrelevante. Las personas continúan muriendo de hambre y la desnutrición crónica pulula las regiones más pobres. Planes, secretarios y asesores van y vienen y los resultados siguen siendo los mismos: miserables. Esto aunado a la oposición sistemática de muchas organizaciones locales, que al mejor estilo de Greenpeace, basados en emociones y falsas premisas, no reconocen los hallazgos científicos que sustentan los beneficios de estas innovaciones biotecnológicas para, precisamente, aplacar los problemas que ellos mismos sufren cotidianamente.
El acceso a estas tecnologías desde luego no depende de subsidios ni de programas clientelares. Depende de la implementación de Cinco Reformas estructurales.
¿Cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de considerar esto un "crimen contra la humanidad"? terminan diciendo los nobeles a Greenpeace, a los gobiernos y al mundo entero. Sin menoscabo de la propiedad privada y la libertad para elegir, le digo yo hoy a mis lectores ¿Cuántas personas y niños deben seguir muriendo, o en el mejor de los casos, vivir casi como animales, antes de considerar las políticas públicas sobre seguridad alimentaria y la oposición a los organismos genéticamente modificados, como el arroz dorado, un crimen contra los pobres en Guatemala?
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Ni pescado, ni enseñar a pescar…
Por Jorge David Chapas | Febrero 8, 2017
“La pesca se niega a morir” titulaba Prensa Libre en una nota el 18 de diciembre pasado. La historia refiere datos interesantes, pero lamentablemente, deja una reflexión perversa entorno al rol del Estado en esta materia.
Los pescadores representantes de al menos 18,600 mil familias guatemaltecas que dependen de aquella actividad dicen “sentirse olvidados” por el gobierno. La pesca es en un 90 % artesanal, carece de infraestructura (muelles) y la que existe es de muy mala calidad. Aunado a ello los pescadores padecen diariamente de la contaminación en las riberas de los desembarcaderos pesqueros, operando en condiciones insalubres y contaminantes para sus productos. A ello cabe agregar la fluctuación de los precios que, supongo, es resultado de la dinámica de las poblaciones de al menos 175 especies de peces e incluso de la sobre explotación de las áreas pesqueras.
El problema de fondo no es que el gobierno les olvide, no obstante, su rol legítimo de proveer infraestructura física (dársenas, muelles, embarcaderos, etc.). Tampoco lo es, como reclaman algunos pescadores, la ausencia de “fomento” o de una “entidad que regule los precios” u otra que se encargue de “difundir las propiedades alimenticias de sus productos”.
Los problemas de fondo son fundamentalmente dos: 1) mantener los mares y esteros como bienes de acceso libre (no exclusivos) y gratuitos (no rivales) y, 2) un rol del gobierno que no le corresponde. El primer problema deriva en lo que se conoce en economía como la Tragedia de los Comunes, o escenario en el cual se maximiza el interés individual conduciendo a la sobreexplotación y agotamiento. El segundo problema deriva en ausencia de libertad para producir y vender, sustracción de capital, distorsión de precios y corrupción.
Esta condición de ausencia de claros derechos de propiedad aunada a la dañina carga gubernamental en términos de “impuesto de circulación de vehículos marítimos”, “licencia naval”, “regulaciones de la Dirección de Normatividad de la Pesca y la Acuicultura (DIPESCA)” y ausencia de infraestructura, coadyuvan para que la actividad, efectivamente, se encuentre sin los incentivos correctos, produciendo miseria y conduciendo hacia la inevitablemente sobre explotación del recurso y contaminación de los esteros y mares.
Lo correcto es dejar que emerjan derechos de propiedad y que sea dicha institución la que regule, sin coerción y, paradójicamente, mediante el interés propio, las tasas de aprovechamiento de los recursos marinos. ¿Cómo? ¿En el mar? Sí, seguro pensarán que es una locura, pero locura es hacer las mismas cosas (vedas, prohibición de tecnologías, tamaño de embarcaciones, etc.) y esperar resultados diferentes…
El profesor peruano Enrique Ghersi en su ensayo “La privatización del mar” propone algunos instrumentos teóricos y ciertas hipótesis que permitirían hacerlo. Profundiza en la historia de la regulación de los mares y expone los beneficios de la apropiación exclusiva, de la transferibilidad de los derechos y las tecnologías ya existentes que podrían facilitar aquel proceso.
Pero mientras Guatemala y América Latina aún navegan sobre el mar tormentoso de las regulaciones en la pesca, países como Nueva Zelandia, Islandia, Columbia Británica (Canadá) y más recientemente, Namibia (África), han experimentado un nuevo enfoque: el de las “acciones de captura”. Este sistema consiste en la asignación de un derecho legal a una porción de la captura (pesca) a pescadores individuales, comunidades o asociaciones pesqueras. Inicialmente, se determina, con base en criterios científicos (dinámica de poblaciones de peces), una Captura Total Admisible (TAC, por sus siglas en inglés), luego de ello se asignan las Cuotas Individuales Transferibles (ITQ, por sus siglas en inglés), las cuales, como su nombre lo indica, pueden ser usadas, vendidas o rentadas. En esencia, el sistema especifica derechos de propiedad, legitima la operación y permite la transferencia pacífica y voluntaria. Este sistema ha terminado con las “carreras-por-pescar” o comportamiento colectivo propio de las vedas y demás regulaciones gubernamentales.
Y si al caso una función del gobierno es legítima en este sentido, es la de proveer seguridad, justicia pronta y cumplida en el cumplimiento de contratos e infraestructura básica de calidad como dársenas y muelles.
Así pues, desde este espacio propongo que, ni pescado ni enseñar a pescar…lo importante es ¡dejarles pescar! Un gobierno limitado a sus funciones propias, mercados libres para comercializar pacífica y voluntariamente sus productos y propiedad privada son las verdaderas soluciones a los problemas de la pesca en Guatemala.
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus columnas se publican en varios medios digitales en América Latina.
Un día sin el aceite de palma
Agosto 31, 2016
Hace algunos días tuve la oportunidad de conocer las plantaciones de palma de aceite en el norte del país. El traslado fue vía aérea lo cual me permitió confirmar una vez más la grave contaminación de ríos y lagos de aquella región, la deforestación y degradación acelerada de los bosques, y de lo imponente y complejo del sistema climático.
Todavía desde lo alto observé, efectivamente, grandes extensiones de palma. Pero también promontorios (sukchés) de roca, propios del tierras calizas, poblados aún de bosque natural. La palma se esparcía ampliamente sólo en áreas planas.
Palma africana en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
Créditos de la imágen: archivo propio.
La primera pregunta a mis anfitriones fue ¿qué uso tenían aquellas tierras antes de ser utilizadas para el cultivo de palma? Eran fincas de uso ganadero y agrícola, principalmente de subsistencia. Lo cual me lanzaba la primer conclusión: en aquellas tierras hubo una reconversión de escasa cobertura vegetal a vasta cobertura vegetal, lo cual incide directamente en mayor fertilidad de suelos, fauna y otros valores ecosistémicos importantes (activación del ciclo de gases de efecto invernadero).
Observé atentamente el sistema de producción agrícola y advertí con asombro la tecnología empleada desde la siembra hasta la cosecha del fruto. Me pareció interesante, por ejemplo, el hecho de existir sotobosque por debajo de la palma y de que aquellos ingenieros agrícolas desarrollen investigación en temas de control biológico (insectos) que eventualmente pueden contribuir al manejo integrado de plagas y enfermedades en la palma.
Luego conocimos el proceso de beneficiado o extracción de los aceites. Un proceso por demás interesante por cuanto equipo sofisticado, proceso industrial debidamente calculado, cantidad y especialidad de operadores, y cuidado de las condiciones de trabajo y recursos. El agua, por ejemplo, utilizada en el proceso de beneficio es devuelta a las plantaciones de palma luego de superar un tratamiento de reciclaje. El agua por cierto no es extraída de ningún río o lago, sino de pozos propios, los cuales el equipo técnico monitorea mediante mapas freáticos.
Todo lo que no se emplea del fruto se recicla, convirtiéndose en abono. Siempre es bueno recordar que el reciclaje es razonable siempre y cuando el costo de aquel proceso es menor en relación al costo de la alternativa de no hacerlo. Es también razonable siempre y cuando sea voluntario. Lo interesante de este caso es que todo el abono orgánico producido se reincorpora al cultivo y a los suelos, como complemento de fertilizantes químicos.
Planta de extracción de aceite.
Créditos de la imágen: archivo propio
Lo más interesante de la visita fue conocer la gran variedad de artículos que consumimos diariamente y que, sin aquel proceso, hoy tan vilipendiado por organizaciones ecologistas irracionales y anti-capitalistas, simplemente no tuviéramos. Por ejemplo, el pan y pasteles, la crema de avellana (o nutella), margarinas, cosméticos, pinturas, jabones y detergentes, velas, galletas y naturalmente, como aceite para frituras.
¿¡A que no vives un día sin el aceite de palma!?
Fruto y vista panorámica de las plantaciones.
Créditos de la imágen: archivo propio
Lamentablemente el sector productivo de la palma de aceite enfrenta hoy en día un embate agresivo por parte de ecologistas irracionales y anti-capitalistas. Las invasiones y los secuestros ocurridos hace algunos días en las verapaces e Izabal deben detenerse. Y sin tinte ideológico resarcir a las primeras víctimas: los propietarios, empresarios, accionistas y sus cientos de trabajadores, quienes hoy viven con temor a quedar sin empleo o muertos en el intento de conservarlo.
Mientras llega alguna solución razonable al problema de la justicia y la seguridad de las personas y sus bienes, tú destruye todo paradigma sobre esta actividad productiva y asómbrate del poder creativo y emprendedor que inspira aquella simple pepita.
Come sano, pero sin culpa
Septiembre 4, 2017.
Es moda actualmente el querer comer sano. Las dietas orgánicas, el vegetarianismo y, recientemente, el veganismo, entre otras, son regímenes alimenticios que suelen adoptarse por razones nutricionales, éticas o ambientales. Lamentablemente, muchos optan modificar su dieta por esta última razón, desconociendo por completo que entorno a ella existe otra versión de la historia.
El argumento que se esgrime es que el comer carne y productos lácteos, así como productos que contengan “químicos”, es una de las maneras más eficaces para reducir la “huella de carbono” y mitigar, en general, el impacto negativo al medio ambiente. A este argumento subyace la idea de que el dióxido de carbono (CO2 – se lee Ceo2) es nocivo o perjudicial, y que del uso de los combustibles fósiles el planeta hoy experimenta un calentamiento global.
Pero nada más lejos de la verdad: el CO2 es la molécula de la vida; es en parte debido a ella que las plantas realizan la fotosíntesis (conversión de la energía lumínica en energía química) y de allí que puedan constituirse en alimento para el ser humano. Nunca en el pasado el CO2 ha determinado los cambios en la temperatura del planeta; de hecho ha sido al revés: la cambios en los patrones de temperatura han influido en las concentraciones de CO2. Esto echa por la borda la relación causa-efecto, por tanto, la teoría del calentamiento global antropogénico. Y por si ello fuera poco, en los últimos 37 años la temperatura media del planeta no ha subido más de 0.7°C (Fuente: JR Cristy, University of Alabama), incremento poco significativo con respecto a otros cambios en el pasado.
Sin embargo, en todo el mundo el alarmismo climático ha sido el complemento perfecto del ecologismo mal entendido desde los años sesentas. Este ecologismo es de naturaleza anticapitalista y objeta toda invención humana que ha sido capaz de alejarnos de la hostil naturaleza. Los fertilizantes químicos, por ejemplo, fueron un adelanto que equivalió a la producción de más alimentos en menos unidad de área. No obstante, estos descubrimientos hoy son denostados y parece que el mundo quiere volver a la era prehistórica, cuando todo era orgánico, vegetariano y vegano.
La confusión de muchos ingenuos es aprovechada por políticos de signo estatista (entiéndase por estatismo, la doctrina política que concibe al Gobierno como responsable y omnipresente en las esferas naturalmente privadas de los ciudadanos) quienes, apoyados en la ONU, sus decenas de agencias y muchos científicos deshonestos, otorgan más atribuciones, poderes y recursos a los gobiernos. Desde ahí, se lanzan con regulaciones, leyes y políticas que otorgan subsidios, por ejemplo, a la siembra de la soya y productos sustitutos de los lácteos. Ello distorsiona los precios de mercado, crea competencia desleal y una cultura de búsqueda de rentas (rent-seeking) en la sociedad. Siguiendo esta lógica es evidente que la retórica de la “agricultura ecológica” y la “soberanía alimentaria”, entre otros términos de reciente invención, sólo contribuyan al señorío de los gobiernos por sobre los individuos.
De tal suerte, mi invitación hoy es a que te informes y no te dejes engañar por el estatismo inducido ahora hasta en la dieta. Que rechaces el alarmismo climático generador de culpas injustificadas y que consultes a economistas, científicos y nutricionistas honestos, entre ellos J.M. Mulet, este último, bioquímico español cuyos libros “Comer sin miedo” y “Los productos naturales ¡vaya timo!” desmontan muchos mitos entorno a la alimentación. Come sano, pero sin culpa y que tus decisiones estén siempre basadas en un análisis racional y el buen discernimiento, pues solo en dicha medida tus acciones serán éticas y saludables. ¡Hasta la próxima!
En el "Día de la tierra"
Una fecha en el calendario socialista en la cual debemos conocer la verdad.
Abril 22, 2022
Me cuenta mi hija que recientemente le han bombardeado en sus redes sociales con temas ambientales y pronósticos apocalípticos sobre el fin del mundo. Uno de los últimos mensajes fue el de dos científicos de la NASA que fueron arrestados por encadenarse a las puertas de un banco, protestando porque dicha institución financia la industria de los combustibles fósiles.
Campos agrícolas en la recta de Patzicía, Chimaltenango, Guatemala. Créditos de la imágen: archivo propio.
Estas acciones violentas y campañas mediáticas ocurren en el marco del “día de la tierra”, hoy 22 de abril. Esta fecha se instituyó en 1970, cuando el senador estadunidense Gaylord Nelson la promoviera mediante manifestaciones y presión social. El éxito fue tal que logró la creación de la Agencia de Protección Ambiental poco después.
Hoy, 52 años después, podemos celebrar que ni una sola de las predicciones ambientales apocalípticas se haya cumplido. Los problemas ambientales existen, pero no son globales ni de magnitudes catastróficas, al contrario, son focalizados y de magnitudes remediables. Es más, en países desarrollados muchos de estos problemas se han resuelto. Otros supuestos problemas representan más bien beneficios.
Por ejemplo, el ligero calentamiento global ocurrido en las últimas décadas ha reducido las olas de frío, evitando con ello 283 mil muertes por frío al año. Otro ejemplo es la cantidad de ciertas especies de animales salvajes; en 2001 se calculaba que la población de osos polares rondaba los 23,000 animales. Hoy, aplicando mejores tecnologías de medición, se estima una población de 30,000.
No dejemos que las izquierdas infundan miedo, culpa y valores anti-capitalistas a nuestros hijos. Comuniquémonos con ellos, animémoslos a buscar la verdad y activemos en orden a transitar al capitalismo para todos, pues solo bajo dicho sistema podremos alcanzar la calidad ambiental que anhelamos.
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Última actualización: 19 de junio de 2023.